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Un enfoque para el cumplimiento contra el lavado de dinero en criptoactivos

BIS Bulletin No 111

Los criptoactivos en cadenas de bloques públicas sin permiso han crecido rápidamente y están cada vez más entrelazados con las finanzas tradicionales. Junto con este crecimiento, han aumentado considerablemente las preocupaciones sobre actividades ilícitas, en particular las que involucran stablecoins, que desde 2022 han superado al bitcoin como el vehículo preferido para transacciones criminales. Para 2024, las stablecoins representaban alrededor del 63 % de los flujos ilícitos en cripto. A medida que se profundizan las conexiones entre el ecosistema cripto y el sistema financiero convencional, resulta más urgente garantizar la integridad de los pagos y prevenir el lavado de dinero.

Los marcos tradicionales contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) se apoyan en intermediarios regulados, como los bancos, para realizar verificaciones de clientes durante las transacciones. Aplicar estas reglas a los criptoactivos es un reto, ya que las cadenas de bloques sin permiso operan sin intermediarios centrales. Si bien es posible realizar verificaciones de cumplimiento en las casas de cambio cuando los fondos ingresan o salen del sistema cripto, una vez que los activos se trasladan a billeteras no alojadas quedan fuera del alcance de la supervisión convencional. Los emisores de stablecoins han congelado ocasionalmente fondos ilícitos a solicitud de las autoridades, pero esto es inviable dada la gran magnitud de las transacciones cotidianas.

El Boletín propone aprovechar la transparencia de la cadena de bloques para reforzar el cumplimiento de AML en este ámbito. Mediante el uso del historial público de transacciones, las autoridades podrían asignar una “puntuación de cumplimiento AML” a unidades de criptoactivos, identificando aquellas vinculadas con actividad ilícita. Estas puntuaciones podrían orientar intervenciones en puntos clave de “salida” cuando las criptomonedas se convierten a moneda fiduciaria. Los criterios variarían según la jurisdicción, e incluso podrían incluir infracciones a los controles cambiarios. Tales medidas podrían ayudar a preservar la soberanía monetaria, mejorar la eficacia de la política económica y, potencialmente, redefinir cómo se reparte la responsabilidad entre los usuarios de cripto y las autoridades.

(Documento en inglés)

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Author: Bank for International Settlements